El Parque Nacional de Doñana, se seca lentamente a causa de los robos de agua en la cuenca que alimenta sus marismas y lagunas. La causa: los invernaderos de Huelva, muchos de ellos ilegales.
La Comunidad Europea y la ONU (recordemos que Doñana es también Patrimonio de la Humanidad) han puesto el dedo acusador sobre España y sus administraciones que no han hecho nada por impedirlo, pese a las numerosas denuncias.
Los ayuntamientos de Moguer, Lucena, Bonares o Almonte están entre los denunciados por las organizaciones ecologistas por connivencia con los agricultores con pozos ilegales que extraen el agua que debería llegar a Doñana. Estos dieron permisos de uso del monte a agricultores que usaron dichos permisos para perforar miles de pozos ilegales y construir una red subterránea de tuberías también ilegal. También dichos ayuntamientos han recurrido y entorpecido las acciones judiciales para el cierre de los pozos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La Junta de Andalucía se pone de lado y casi a regañadientes aprobó un plan de ordenación para la corona norte forestal de Doñana, que incluía eliminar unas 1.500 hectáreas ilegales de invernaderos levantados en zonas forestales, cauces de arroyos... pero a día de hoy no se ha eliminado ni una hectárea.
Ante tres décadas de inacción de todas las administraciones, cuando no de connivencia, la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Otro factor de presión sobre las administraciones y los agricultores legales, surge de la concienciación de los consumidores sobre este problema y que puede perjudicar a la imagen de los productos procedentes de los invernaderos de Huelva.
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