Un juez ordena desmantelar la planta solar Núñez de Balboa en Usagre, Badajoz, por irregularidades en el proceso de expropiación.
El juez ordena la devolución de una finca de 525 hectáreas expropiadas por el gobierno y cedidas a Iberdrola. De este modo obliga a la eléctrica a desmantelar la mayor planta fotovoltaica de Europa y entregarle los terrenos en el estado original a su propietario.
La planta Núñez de Balboa es la instalación de mayor capacidad en funcionamiento en la actualidad de toda Europa (500 megawatios), capaz de suministrar energía solar a 250.000 hogares. Entró en servicio en 2020, habiéndose construido en tan solo un año, como se puede ver en fotografías de 2019 tomadas por Google Earth.
Para ello, Iberdrola realizó las obras de las instalaciones en un tiempo récord de un año sobre una superficie cercana a las 1.000 hectáreas que abarcan terrenos en los términos municipales de tres localidades: Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida.
Para realizar dicho proyecto, Iberdrola puso en marcha todos los trámites administrativos para expropiar 525 hectáreas (algo más de la mitad de toda la superficie que necesitaba) al propietario de dichos terrenos pese a que ya tenía firmado con la propiedad, un contrato de arrendamiento por 25 años, que permitía la explotación.
Sin embargo, Iberdrola quiso a la vez que alquilaba los terrenos hacerse con la propiedad de los mismos.
Para el tribunal, "carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años.... La solicitud de la expropiación carecía de causa o justificación para privar el derecho de propiedad", por lo que se da "inexistencia de causa expropiandi que conlleva la nulidad de todo el expediente expropiatorio".
La sentencia relata que "al mismo tiempo que pone en conocimiento la fecha del inicio del contrato (el mismo día) y que va a comenzar la construcción de la planta, presenta solicitud para convocar las actas previas a la Ocupación, que determina el artículo 52 de la LExF, con el argumento de que no ha conseguido llegar a un acuerdo". Dicha cantidad estaba fijada de forma unilateral en 3.338.314,92 euros.
“Carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años. Es decir, la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación”. El texto del juez manifiesta que ha existido “fraude de ley y abuso de derecho” en el proceso de expropiación.
La eléctrica ha anunciado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo. El Estado también será parte en el proceso, ya que es el responsable por promover la expropiación.
www.iberdrola.com/ ...-de-balboa
www.elmundo.es/ ...b45b4.html
elpais.com/ ...uropa.html
Da la impresión de que la sentencia le puede salir cara a la eléctrica y al Estado.